El proyecto de Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida, también conocida como la Ley de la Muerte Digna es bienvenido pues supone una sustancial mejora de las condiciones del tramo final de vida de los enfermos terminales, pero elude el elemento más importante: la posibilidad de que el enfermo terminal, como propietario de su vida, decida morir ejerciendo el derecho a la eutanasia.
Gracias a esta ley el enfermo terminal dispondrá de una mayor intimidad (habitación individual), el derecho a morir en casa, el derecho a que su voluntad prevalezca a la voluntad de los médicos en aspectos relacionados con el tratamiento del dolor (sedación), entre otras mejoras. Pero la ley ahí se queda, en una serie de mejoras a una situación de agonía, y en ningún momento plantea la posibilidad del derecho a la eutanasia o del suicidio asistido.
Resulta paradójico, en pleno siglo 21 y con el concepto de propiedad tan arraigado en nuestra sociedad, que no seamos propietarios de nuestra propia vida y que la eutanasia sólo esté permitida en tres países: Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Como siempre, y en contra de cualquier avance, la iglesia es el principal motivo de que los gobiernos ni se planteen la posibilidad de la eutanasia o del suicidio asistido para que los enfermos terminales que así lo deseen puedan morir dignamente, poniendo fín a una agonía innecesaria.
Fuentes: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Derecho/adios/intimo/dolor/elpepisoc/20110514elpepisoc_2/Tes
Asociación Derecho a Morir Dignamente:
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