Madrid, 2011. La Asamblea Vecinal La Playa de Lavapiés, la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL) y el colectivo Ateos en Lucha convocan una manifestación atea para el Jueves Santo. La Delegación del Gobierno, inexplicablemente, prohíbe la manifestación. Entre las 11 razones que alega la Delegación para desautorizar la manifestación están “que el recorrido propuesto discurre por una zona con "múltiples parroquias", con nombres de calles "relacionados con la simbología católica" o su coincidencia en tiempo y lugar con las tradicionales procesiones católicas”.
Los convocantes, por su parte, se han desvinculado del colectivo Ateos en Lucha, que aunque en un principio sí se adhirió a la convocatoria, fue invitado a irse después de que su portavoz dijera en una radio local que su intención era "castigar a la conciencia católica y hacer daño". Tanto AMAL como la Asamblea Vecinal se han desmarcado siempre de esas declaraciones al asegurar que su intención con la marcha atea era la de hacer una crítica a la Iglesia como institución, pero nunca "ofender a las creencias religiosas de las personas". Los organizadores de la manifestación atea, además, esperan que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) falle este miércoles el recurso que presentaron el pasado viernes contra la decisión de la Delegación del Gobierno de prohibir dicha manifestación. A la espera de que el juez decida si la Delegación hizo bien o no al prohibir la manifestación el Jueves Santo, el presidente de AMAL, Luis Vega, ya tiene su vista puesta en el 13 de mayo como fecha alternativa para la realización de la manifestación. Vega anuncia que entonces la marcha no solo será una crítica a la Iglesia, porque con la decisión de prohibir la procesión atea "la polémica hace que se trate ya de una implicación política de la Delegación del Gobierno y del Ayuntamiento de Madrid".
Los hechos dejan evidencia del doble rasero que política y justicia aplican sobre las libertades de la sociedad española, así como el poder que aún ejerce la Iglesia Católica en nuestro país. La España negra y retrógrada, que muchos ilusos creían desaparecida, aparece una vez más, sin importarle que estemos ya en el año 2011, en el Siglo XXI.
Adjunto, íntegro, el artículo de Óscar Celador, profesor de Derecho eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas, aparecido el 19 de abril de 2011 en el diario Público, pues me parece que resume perfectamente la injusticia que se está cometiendo:
“Cada año se celebran en Madrid cientos de manifestaciones que, con independencia de lo estrambóticas y peculiares que puedan ser sus consignas, son manifestaciones legítimas del derecho a la libertad de reunión y manifestación que garantiza la Constitución. Este derecho sólo puede limitarse por los poderes públicos cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
En este contexto, la Delegación del Gobierno de Madrid acaba de prohibir la celebración de una procesión atea convocada para el Jueves Santo alegando, entre otros motivos, la necesidad de proteger la imagen turística de Madrid, la posible presencia de radicales en la manifestación, o que la procesión planeaba discurrir por un itinerario de alto valor histórico-artístico religioso que coincidía con el de las procesiones religiosas organizadas en Semana Santa. En otras palabras, la Delegación del Gobierno podría haber autorizado la manifestación si esta hubiera sido convocada un día laborable a primera hora de la mañana, los convocantes hubieran probado que no creían fervientemente en su eslogan, y esta hubiera discurrido por un barrio del cinturón obrero de Madrid donde no hubiera ni iglesias ni turistas.
El alcalde y la presidenta de la Comunidad de Madrid han participado activamente en este debate anunciando su oposición a la celebración de la manifestación, ya que la misma podía herir la sensibilidad de los católicos madrileños. Se trata de una argumentación jurídicamente muy discutible, pues es cierto que muchos católicos pueden sentirse molestos con una manifestación de estas características, pero no lo es menos que no católicos tienen que soportar periódicamente manifestaciones promovidas por asociaciones o líderes católicos que no son de su agrado.
El artículo segundo de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa protege el derecho tanto a manifestar libremente las propias creencias religiosas como la ausencia de las mismas, por lo que jurídicamente los no creyentes tienen el mismo derecho que los creyentes a salir a las calles a manifestarse por sus ideas, siempre que ambos colectivos respeten el orden público y los principios constitucionales”.
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